En representación del Colegio de Corredores Públicos
Inmobiliarios de Entre Ríos, el CPI José María Armandola participó ayer de una
reunión en la Cámara de Diputados de la Nación donde se empezó a analizar la
Ley de Alquileres, con la intervención de todos los actores involucrados.“Cada sector expuso su opinión sobre lo que habría que
reformar de la ley vigente. Todos los corredores inmobiliarios del país
coincidimos en la no derogación de la ley actual, sino en la modificación de
dos puntos: uno el referido al plazo de duración de los contratos para que pase
de 3 a 2 años, y la cláusula de ajuste para que las partes pacten libremente o
bien se mantenga el índice actual con el siguiente agregado en el artículo:
´y/o con lo que las partes se pongan de acuerdo´”, informó Armandola al término
de la reunión en la que la intervino el Colegio, invitado por la diputada
Carolina Gaillard -Frente de Todos-.En cuanto a la duración de los contratos, precisó que “todos
piden que de tres años se retrotraiga a dos por un par de razones. Desde 2017,
2018, lo venimos repitiendo: nadie pide alargar los contratos, al contrario,
nos han pedido acortarlos. Y, por otro lado, en un país tan volátil, tan
inestable y cambiante como el nuestro, cuanto más se prolongue de manera
coercitiva la duración de un contrato, más complicado se pone para las partes
ponerse de acuerdo en las cláusulas de ajuste, sobre todo”.Con relación a la cláusula de ajuste, Armandola explicó que
“en un principio todos decían que el índice combinado por reajuste salarial e
inflación que incorporó esta ley iba a ser muy justo, pero en los hechos trajo
más complicaciones que beneficios”. Recordó que “cuando salió la Ley 27551,
nosotros advertimos que con el modo casuístico con el que nos veníamos
manejando, en el que nos sentábamos a conversar con el inquilino para saber de
sus ingresos, el modo en que se ajustaban, se charlaba con el propietario y nos
poníamos de acuerdo, no había nada de conflictividad, todo funcionaba bien”.En la reunión de la víspera, “explicamos que la judicialización
entonces de los contratos de alquileres era del 0,60% y en este momento no
llega al 1%; o sea que aun en las actuales condiciones, en virtud de la
intermediación de los corredores inmobiliarios no ha aumentado la
conflictividad”.Sin embargo, lo que Armandola destacó es “la escasez de
oferta”, situación que atribuyó a “los cambios en las reglas de juego”.
Puntualizó: “ocurrió en el 2015, lo vuelven a cambiar hace menos de dos años y
ahora estamos hablando de volver a cambiarlas, y nos piden cada vez contratos
más largos. Eso genera una inestabilidad jurídica tremenda y hace que las
inversiones decaigan” expuso.Se refirió a la situación de “inquilinos que tienen más de
20 años en un mismo inmueble, y siempre empezaron con el contrato mínimo.
“Cuando la relación es buena a las dos partes les interesa prolongar el
contrato. No es que no se puede hacer por más de dos años. En un 50%, los
contratos que se realizaban se renovaban y la relación se prolongaba por muchos
años. El otro 50%, por distintos motivos, no renovaba. Ese porcentaje volvía
periódicamente al mercado; en cambio ahora, hay menos oferta porque se van a
cumplir dos años y habrá que esperar uno más para que eso suceda” apuntó.Asimismo, señaló que “hay que tener en cuenta que la única
inversión que va orientada a solucionar el problema habitacional del inquilino
es la privada. El Estado no pone un peso, no hace casas para alquilar, la hacen
los privados por lo cual, jamás habría que enfrentar a ese inversor que hace
esa oferta al inquilino que necesita una vivienda”.Armandola precisó que “los corredores inmobiliarios no
representamos a los propietarios, nuestros clientes son las dos partes, locador
y locatario. Lo que queremos son contratos justos, posibles y donde haya un
ganar ganar, que las dos partes se sientan satisfechas”.Finalmente, remarcó que “acá el problema no es entre
inquilinos y propietarios, ni entre corredores, sino que el problema es la
inflación del país, que la economía no está funcionando”. Planteó en ese orden
de ideas, “quién se hace responsable de que los salarios tengan cada vez menos
poder adquisitivo y quién se hace responsable de que las rentas de las
inversiones sean cada vez más magras. Ese es el problema. En una economía
estable, con poder adquisitivo, no estaríamos teniendo este debate”.Accedé al Segmento de la reunión - CPI Jose María Armándola, Vocal 1° CCPIER
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