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Corredores inmobiliarios: Garantía de seguridad jurídica para el inquilino

La idea de crear un nuevo organismo que sea autoridad de aplicación de la norma en materia arancelaria en la temática de alquileres o en materia de ejercicio de la profesión de los Corredores Públicos Inmobiliarios “es una idea anacrónica pues ya existen suficientes instituciones que resguardan el derecho de los inquilinos”, explicaron desde el Colegio que nuclea a los profesionales en Entre Ríos. Agregaron que la entidad “brinda seguridad jurídica a través de los matriculados, controla que no existan abusos en el ejercicio de la profesión” y consideraron que “el sistema actual funciona bien, de modo que no se entiende la pretensión de modificarlo, creando inseguridad legal y falta de previsión”.


El Corretaje Inmobiliario se trata de una profesión liberal e independiente cuyo objetivo es acercar a dos partes para la concreción de un contrato, razón por la cual debe entenderse que el servicio profesional que ofrece un corredor en el mercado, es tanto para propietarios como para inquilinos y en ambos casos tienen regulados sus honorarios.

No debe perderse de vista que para que dos partes celebren un contrato de locación, no se requiere necesariamente la intervención de un corredor inmobiliario, bien puede un propietario contratar con un inquilino, sin la intervención de este.

Lo que el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos brinda es seguridad jurídica a través de los matriculados, controlando a los mismos en el caso de abusos en el ejercicio de la profesión.

El sistema actual funciona, y en general funciona bien, de modo que no se entiende la pretensión de modificarlo, creando inseguridad jurídica, falta de previsión, y nuevas herramientas de control e imposición agravada que no son necesarias.

Se trata de contratos celebrados entre particulares, respecto de los cuales rige el principio de autonomía de la voluntad de las partes contratantes, nadie está obligado a firmar su contenido.

Estamos en el año 2018, a tan solo tres años de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, el cual en lo que hace a las locaciones para viviendas, ha contemplado específicamente un régimen protectorio para el inquilino y ha establecido, en ese sentido, clausulas específicas que son de orden público y conocidas por todos.

Ya se han buscado soluciones en las cuales los inquilinos puedan garantizar el cumplimiento de los contratos a través de instituciones estatales y el fracaso, se debe a que el costo de tales garantías estatales les significa a los inquilinos afectar mensualmente una parte elevada de sus remuneraciones y se les hace inconveniente, además de los elevados costos que significaría para el estado incursionar en garantizar los contratos privados de locación.

Cabe destacar que el artículo 1351 del Código Civil dispone expresamente cómo es el mecanismo de pago de los honorarios profesionales cuando interviene uno o más corredores, que no es ni más ni menos que señalar que cada uno abona lo que legalmente le corresponde, de modo tal que una ley local jamás puede modificar una norma de fondo dictada por el Congreso de la Nación.

En materia de honorarios profesionales se encuentra vigente la ley provincial 10.377 que ha reimplantado en la Provincia de Entre Ríos el orden público de los mismos, en función de la cual las normas dictadas por el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos ya establecen que el honorario profesional al cual tiene derecho el corredor, en el caso de locación de inmuebles para vivienda, es del cinco por ciento, y ello ha sido dispuesto por asamblea extraordinaria de matriculados, precisamente para evitar la existencia de abusos.

Sin querer incursionar en la política fiscal provincial, en los Códigos Tributarios de Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Salta, Mendoza y Córdoba, está consagrada la exención del impuesto del impuesto de sellos para todos los contratos de locación para vivienda sin límite alguno, por lo que aparece como loable la actitud de eximir del impuesto de sellos a los contratos de alquiler para vivienda, pero ello como se señala es una mengua en los recursos del estado.

Por otra parte, la pretensión de gravar con un acrecentamiento del impuesto inmobiliario a aquellos inmuebles que se encuentren deshabitados por más del término de un año, lo que ATER determinará sobre la base la base de la disminución del consumo de los servicios públicos, exhibe un profundo desconocimiento de normas tributarias nacionales y constitucionales y en realidad no es ni más ni menos que la creación de un nuevo impuesto al que denominaremos “impuesto a la capacidad alquilable”.

Este Colegio es autoridad de aplicación en materia arancelaria, y se ha cuidado con suficiente esmero, a través del tiempo, para que no se produzcan ningún tipo de abusos en la aplicación práctica de las normas vigentes que hacen los corredores públicos inmobiliarios.

La idea de crear otro organismo que sea autoridad de aplicación de la norma en materia arancelaria o en materia de ejercicio de la profesión, es una idea anacrónica, vetusta, y carente de prudencia, pues existen suficientes instituciones para resguardar el derecho de los inquilinos, ya sea por medio de las defensorías públicas o por medio de las organizaciones intermedias y por la Justicia.

En definitiva no debe perderse de vista el resguardo previsto en el art. 77 de la Constitución de Entre Ríos señalando: “El Estado reconoce y garantiza la plena vigencia de los Colegios y Consejos Profesionales, les confiere el gobierno de la matrícula, la defensa y promoción de sus intereses específicos, la facultad de dictar sus normas de ética e implementar métodos de resolución de conflictos de instancia voluntaria.

Los Colegios y Consejos Profesionales aseguran el libre ejercicio de la profesión y su organización en forma democrática y pluralista y ejercen el poder disciplinario sobre sus miembros, dictando resoluciones que son revisables judicialmente.

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